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Derecho de arrastre ("drag along") estatutario y consentimiento unánime de los socios

Teniendo en cuenta las dificultades que suelen encontrar los socios que desean liquidar su participación en una sociedad limitada, cabe prever ...

Vuelve a ser inscribible la liquidación y extinción con un solo acreedor insatisfecho

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en Resoluciones de fechas 1 y 22 de agosto de 2016, ha cambiado de criterio y rec ...

¿Qué ocurre si los administradores no asisten personalmente a la junta general?

EL artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital impone a los administradores el deber de asistencia a las juntas generales, sin establecer c ...

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Derecho de arrastre ("drag along") estatutario y consentimiento unánime de los socios

16 de Enero de 2018

Teniendo en cuenta las dificultades que suelen encontrar los socios que desean liquidar su participación en una sociedad limitada, cabe prever la situación -no poco frecuente- en la que un socio recibe una oferta de compra de un tercero sujeta a que la participación a adquirir represente un porcentaje mínimo del capital social.

En previsión de estos supuestos y para evitar la frustración de operaciones interesantes para la mayoria de los socios, se pueden pactar derechos de arrastre o "drag along", estableciendo la forma y plazos de ejercicio del derecho, el precio mínimo para la transmisión de las participaciones sociales, el porcentaje mínimo del capital social que debe tener el socio que ejercite el derecho y la relación de prioridad entre este derecho y el derecho de adquisición preferente de los socios.

Los cláusulas de drag along pueden formalizarse en pactos parasociales, con eficacia limitada a aquellos socios que suscriban el pacto, o bien incorporarse a los estatutos sociales e inscribirse en el Registro Mercantil, de modo que pasarían a ser oponibles incluso a cualquier socio futuro. Siendo, en general, preferible el reconocimiento estatutario y la publicidad registral del derecho de arrastre, cabe plantearse si la modificacion de estatutos dirigida a su inclusión podria adoptarse por la mayoría reforzada legal o estatutariamente prevista o si, por el contrario, sería necesario el consentimiento de todos los socios para su incorporación.

Pues bien, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de fecha 4 de diciembre de 2017, establece que solo cabe inscribir en el Registro Mercantil una cláusula estatutaria de drag along mediando el consentimiento unánime de todos los socios, ya sea en la misma junta general que acuerde su inclusión o en un momento posterior, haciéndolo constar en la correspondiente escritura pública.

En consecuencia, para evitar posibles maniobras obstruccionistas de socios minoritarios en caso de discrepancias sobrevenidas, así como eventuales estrategias oportunistas, parece aconsejable negociar, configurar y formalizar el derecho de arrastre por vía estatutaria bien en la propia constitución de la sociedad o, en caso de incorporación posterior, condicionando la entrada en el capital a la previa o simultánea modificación estatutaria con el consentimiento unánime de los socios. 

  

Vuelve a ser inscribible la liquidación y extinción con un solo acreedor insatisfecho

23 de Noviembre de 2016

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en Resoluciones de fechas 1 y 22 de agosto de 2016, ha cambiado de criterio y rectificado su doctrina anterior, expresada en su Resolución de 02/07/12, que en su día fue objeto de noticia, rescatando la doctrina de las RRDGRN de 13/04/00 y 29/04/11.

Dice la DGRN que, a efectos de cancelación de asientos registrales y sin que lo impida la apelación al principio de tutela judicial efectiva, debe administirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad. Es decir, que no puede mantenerse el criterio anterior en el que se basaba la DGRN para denegar la inscripción registral de la liquidación y extinción de la sociedad, consistente en que la legislación societaria imponía el pago a los acreedores como requisito previo a dicha liquidación y extinción y que, a falta de haber social con el que pagar a los acreedores, el procedimiento legalmente previsto para la extinción de la sociedad es el concurso de acreedores. Y ello aun cuando existiese un solo acreedor y, por tanto, no concurriesen una pluralidad de ellos. 

En consecuencia, ya vuelve a ser posible inscribir en el Registro Mercantil la liquidación y extinción de sociedades de capital que carezcan de activo para pagar a un único acreedor, bajo manifestación del liquidador basada en el balance de liquidación, sin necesidad de solicitar el concurso de acreedores.

Naturalmente, lo anterior no impide que el acreedor insatisfecho pueda actuar judicialmente frente a la sociedad deudora o frente a sus socios, administradores o liquidadores por las vías judiciales que tiene a su disposición, al margen de la legislación concursal.

¿Qué ocurre si los administradores no asisten personalmente a la junta general?

08 de Julio de 2016

EL artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital impone a los administradores el deber de asistencia a las juntas generales, sin establecer cuáles serían las consecuencias de su falta de asistencia.

En la práctica, son frecuentes las consultas sobre la posibilidad de que los administradores asistan a las juntas representados por otras personas (otros administradores o terceros), así como sobre los efectos que podría tener la ausencia de los administradores sobre la propia validez de la junta y en otros ámbitos, como el de las eventuales responsabilidades que podrían surgir.

La sentencia de l a Sala 1ª del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2016 aborda esta cuestión al desestimar un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que declaró la nulidad de una junta general.En el supuesto, una socia de una sociedad de responsabilidad limitada instó la declaración de nulidad de la junta con fundamento en que los administradores no habían asistido personalmente a la misma.

El Tribunal Supremo rechaza, en primer lugar, la posibilidad de que los administradores puedan ser representados válidamente por otras personas en su condición de tales administradores (sí podrían ser representados, en su caso como socios), porque la asistencia de los administradores a las juntas forma parte de las competencias orgánicas, que no son delegables.

En cuanto a la finalidad del deber de asistencia, el TS concluye que en la junta general se desarrollan funciones esenciales para el correcto desenvolvimieno de la sociedad, como es el control o fiscalización de los administradores -que difícilmente por¡día realizarse en ausencia de estos-, y el ejercicio de una de las facetas del derecho de información de los socios, que corresponde cumplimentar a los administradores.

Sentado lo anterior, el TS establece, como regla general, que la ausencia de los administradores no debe conllevar la nulidad de la junta, pues, sin perjuicio de las responsabilidades que podrían derivarse del incumplimiento de su deber, los administradores podrían limitarse a no asistir a las juntas para impedir la expresión de la voluntad de los socios (o incluso -añadimos- su propia separación por acuerdo de la junta). Como excepción a la regla general, el TS considera que, cuando como consecuencia de la ausencia de todos los administradores, quede completamente cercenado el derecho de información de los socios (aspecto fáctico a enjuiciar caso por caso), entonces sí cabe declarar la nulidad de la junta. Ya así lo hace en el supuesto enjuiciado, en el que los socios asistentes no pudieron ser informados sobre las necesidades, características y consecuencias de determinadas operaciones crediticias.

Derecho de administrador de sociedad unipersonal a indemnización extra-estatutaria por cese

12 de Abril de 2016

El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 2015, desestima el recurso de casación presentado por Consultrans, S.A. (unipersonal) frente a una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaba a pagar a su antigua administradora -y socia fundadora-, la indemnización por cese pactada en un contrato de alta dirección suscrito entre ambas en 2004.

Tres años antes, en 2001, la citada administradora y otra persona vendieron a una sociedad el 100% del capital de Consultrans, S.A.

En 2004 se firma el mencionado contrato de alta dirección con la administradora (que siguió siéndolo tras la venta de acciones) y en 2006, el accionista único, en funciones de junta general, acuerda modificar los estatutos sociales para establecer el carácter retribuido del cargo de administrador y establecer los conceptos retributivos, que no incluían indemnizaciones por cese.

En octubre 2008 se produjo un cambio de accionista único y, al mes siguiente, Consultrans, S.A. comunicó el despido de la administradora, quien reclamó judicialmente el pago de la indemnización por cese pactada en el contrato de alta dirección, pero no recogida en estatutos.

Tras reconocer la aplicabilidad al caso de la doctrina del doble vínculo (si hay solapamiento, prevalece el mercantil sobre el laboral) y, en consecuencia, declarar el sometimiento de la indemnización litigiosa al régimen de las retribuciones de los administradores sociales (legislación societaria), el TS considera que en esta materia debe atenderse al interés de los accionistas en no verse sorprendidos por cláusulas indemnizatorias pactadas por los administradores "a sus espaldas", facilitando así la información y el control efectivo de los accionistas sobre la política retributiva y protegiéndolos de posibles abusos.El TS reconoce, asimismo, que la indemnización reclamada por la administradora saliente carecía de cobertura estatutaria.

Sin embargo, declara el Alto Tribunal que la regla general (necesidad de cobertura estaturia) debe ceder en determinadas ocasiones por aplicación de las exigencias de la buena fe plasmadas en la doctrina de los actos propios, citando pronunciamientos anteriores en el mismo sentido.

En este caso el TS considera que, a pesar de que el actual accionista único de Consultrans, S.A. aún no lo era al celebrarse el contrato de alta dirección, tuvo conocimiento de la existencia y contenido de las retribuciones pactadas con la administradora (indemnización incluida) cuando adquiríó el 100% de Consultrans, S.A. Por tanto, oponerse al pago de tal indemnización "constituye un abuso de la formalidad por parte del socio único que no puede ser estimado".

Retribuciones indebidas de administrador-gerente. Estatutos y acuerdo de la junta

16 de Octubre de 2015

El Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de septiembre de 2015, confirma la estimación parcial de la reclamación de una S.L. frente a su antiguo administrador y gerente de la restitución de determinados importes percibidos por este último duante los ejercicios 2006 y 2007 y el inicio del ejercicio 2008, ante la ausencia de cobertura estatutaria de dichas retribuciones, pues los estatutos sociales preveían que el cargo de administrador era gratuito. Añade el TS que es irrelevante el hecho de que las remuneraciones tuvieran reflejo en las cuentas anuales aprobadas por la sociedad.

Sin embargo, el TS confirma la desestimación de la pretensión de devolución de los importes cobrados a partir de marzo de 2008, pues entonces la junta general acordó retribuir al administrador, aunque sin llegar a modificar los estatutos sociales. Considera el Tribunal que, tratándose de una sociedad cerrada, con escaso número de socios, la adopción de dicho acuerdo por la junta "pudo generar fundadamente en el administrador la confianza de que, a partir de entonces, podía percibir la remuneración" y que "no se le iba a reclamar la devolución de tales cantidades, en aplicación de la doctrina de los actos propios como manifestación del principio general de buena fe".

Aunque los antecedentes fácticos no coinciden con exactitud, en su sentencia de 18 de junio de 2013, el mismo Tribunal Supremo desestimó íntegramente las pretensiones restitutorias dirigidas frente a otro administrador, al considerar que los demás socios conocían y habían consentido tácitamente las retribuciones. Parece pues que, al menos desde el reciente pronunciamiento de septiembre de 2015, el criterio del Tribunal Supremo ya no es tan flexible ante la ausencia de constancia formal de la adopción de determinados acuerdos sociales y la falta de reflejo estatutario de la remuneración de los administradores, en la misma línea de las más recientes modificaciones de la legislación societaria.

Importantes cambios normativos en el gobierno de las sociedades

12 de Diciembre de 2014

Recientemente se ha publicado en el BOE la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que entrará en vigor, en cuanto a la mayoría de sus modificaciones, el 24 de diciembre de 2014.

La nueva ley introduce importantes cambios en determinados aspectos que afectan a la denominada "gobernanza" de las sociedades de capital en general (entre ellas,S.A. y S.L.) en general -y, muy especialmente, a las sociedades cotizadas-, en lo que respecta a las competencias, a la estructura y al funcionamiento de sus órganos de gobierno (junta general y órgano de administración), a los deberes de abstención de los socios que puedan estar incursos en conflictos de interés, a los deberes de los administradores, a la remuneración de estos últimos y a otros aspectos, tales como el ejercicio del derecho de información de los socios o la impugnación de los acuerdos sociales. Además, la norma introduce determinadas previsiones que afectan a la información a incluir en el informe de gestión y, en su caso, a publicar en la web de la sociedad, en relación con el periodo medio de pago a proveedores, ampliando por tanto las obligaciones de transparencia en su día introducidas por la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Centrándonos en los que afecta a las sociedades no cotizadas -cualquiera que sea su tamaño y objeto y ya sean abiertas o cerradas, familiares o no-, describiremos a continuación, muy brevemente, los principales cambios que afectarán al funcionamiento ordinario de los órganos de gobierno de cualquier sociedad anónima o limitada y a la información que deben hacer pública, dejando a un lado .por no extendernos- la nueva regulación de aspectos con una incidencia menos habitual en la vida diaria de las sociedades, como pueden ser el alcance y límites del derecho de información de los socios, los deberes de socios y administradores en casos de conflicto de interés o los cambios normativos en el régimen de impugnación de acuerdos sociales,

Entre las mencionadas modificaciones, podemos destacar las siguientes:

1. Se amplían las competencias de la junta general, en detrimento de las atribuidas al órgano de administración. En este sentido:

a) Será necesario someter a acuerdo de junta las operaciones de adquisición y enajenación (incluso la aportación a otra sociedad) de activos esenciales, presumiéndose que son esenciales aquellos cuyo peso en el último balance aprobado supere el 25% del valor de los activos.

b) Se amplía también a las S.A. la posibilidad de que la junta imparta instrucciones al órgano de administración o someta a su autorización la adopción de determinados asuntos de gestión.

2. En la junta general, deberán votarse separadamente los asuntos que sean "sustancialmente independientes" y, en todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, (i) el nombramiento, ratificación, reelección o separación de cada administrador, y (ii) la modificación de cada artículo o grupo de artículos de los estatutos sociales que tengan "autonomía propia", sin perjuicio de que los propios estatutos puedan añadir otros asuntos que requieran votación separada.

3. Se aclara que, en las S.A., los acuerdos de junta se entenderán adoptados por mayoría cuando la propuesta obtenga más votos a favor que en contra, excluyendo del cómputo las posibles abstenciones.

4. Se introducen novedades relativas a la retribución de los administradores, que excepcionalmente entrarán en vigor el 1 de enero de 2015, entre ellas:

a) Se detallan los posibles sistemas de remuneración, pudiendo consistir en uno o varios de los siguientes: (i) asignación fija, (ii) dietas de asistencia, (iii) participación en beneficios, (iv) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; (v) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, (vi)  indemnizaciones por cese (salvo que se deba a incumplimiento de funciones), y (vi) sistemas de ahorro o previsión.

b) Se deja a competencia de la junta el establecimiento del importe máximo conjunto de la retribución anual, que permanecerá vigente mientras no se modifique.

c) Salvo que la junta general disponga otra cosa, corresponderá al órgano de administración (en su caso, al consejo), la distribución de la remuneración entre los distintos administradores.

d) A la hora de distribuir la remuneración entre sus miembros, el consejo tomará en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

e)  La remuneración deberá ser razonablemente proporcional a la importancia de la sociedad, su situación económica y los estándares de mercado de empresas comparables.

f) El sistema retributivo deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar cautelas para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

g) Tanto en S.L., como en S.A., cuando el sistema de remuneración incluya una participación en los beneficios, los estatutos determinarán concretamente esa participación o el porcentaje máximo de la misma, manteniéndose los límites que ya afectaban a las S.A. antes de esta reforma.

h) Las modificaciones relativas a la retribución de administradores deberán acordarse en la primera junta general que se celebre a partir del 1 de enero de 2015.

5. El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.

6. Cuando un miembro del consejo sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario celebrar un contrato entre el consejero y la sociedad, que deberá ser previamente aprobado por el consejo con el voto favorable de dos tercios de sus miembros, con la abstención del consejero afectado e incorporándose el contrato como anexo al acta de la sesión. 

7. El consejo de administración no podrá delegar el nombramiento y la destitución de los directivos que tengan dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, ni tampoco el estableciemiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.

8. La sociedades que no puedan presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviada deberán indicar en el informe de gestión el período medio de pago a sus proveedores y, en caso de ser superior al máximo establecido en la normativa de morosidad, habrán de señalar las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su reducción hasta alcanzar dicho máximo.

9. Además de informar expresamente en la memoria de las cuentas anuales sobre el período medio de pago a proveedores, como toda sociedad mercantil, las sociedades no cotizadas que no presten cuentas anuales abreviadas deberán publicar dicho período medio de pago en su página web, si la tienen.  

Quedamos a su disposición para ampliar cualquier información sobre este asunto, así como para aclarar cualquier duda que les pueda surgir.

Nueva suspensión temporal de la aplicación del artículo 348 bis LSC (derecho al dividendo o separación)

24 de Octubre de 2014

Como recordarán los seguidores de nuestras noticias, el legislador dedició en junio de 2012 suspender hasta el 31 de diciembre de 2014 la entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que reconocía y regulaba el derecho de separación de los socios en caso de falta de reparto de divindendos en determinadas circunstancias, de medo que el cumplimiento cumulativo de dichas circusntancias facultaba a los socios privados de sus dividendos a salir de la sociedad, reclamando el valor razonable de sus participaciones.

Ya en su día nos referimos a las sonoras críticas dedicadas al citado precepto y a sus posibles efectos perjudiciales para los intereses de las sociedades en determinadas circunstancias, especialmente en el caso (no infrecuente) de falta de liquidez o en el quizás menos frecuente (aunque no extraño) de haber contraído frente a terceros (especialmente bancos), el compromiso de no repartir dividendos o no hacerlo por encima de ciertos límites.

Pues bien, en esta ocasión el legislador ha aprovechado la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2016 la suspensión temporal del artículo 348.bis LSC.

Dejando a un lado aspectos técnicos, creemos que al menos podría cuestionarse la dudosa (y aparantemente vacilante) estrategia de limitarse a aplazar la entrada en vigor del precepto, en lugar de "coger el toro por los cuernos", como se suele decir. Veremos, pues, qué pasa a final de 2016. Que nadie se impaciente...

Sociedad formalmente liquidada responde de sus deudas omitidas o sobrevenidas (STS 20/03/13)

08 de Mayo de 2013

Nota sobre la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 20 marzo 2013 (nº 220/2013, recurso 1339/2010)

En el caso enjuiciado, una intercomunidad de propietarios demandó a una constructora solicitando al Juzgado que se condenara a la demanda (i) a realizar unas serie de obra para eliminar unos vicios, patologías y daños que se describen en base un informe de un arquitecto, con advertencia de que, en su caso, se ejecutarían la obras por un tercero, a costa de la constructora demandad, o reclamaría el resarcimiento de daños y perjuicios, (ii) a construir la pista de tenis prevista en el proyecto, bajo el mismo apercibimiento, y (iii) a indemnizar a la demandante con una cantidad de dinero igual a los honorarios que hubo de pagar al arquitecto autor del informe.

La constructora demanda era una sociedad anónima cuya liquidación ya constaba formalizada e inscrita en el Registro Mercantil, donde ya se habían cancelado los asientos correspondientes a su inscripción registral.  

A la pretensión de la intercomunidad demandante se opuso el liquidador de la demandada alegando falta de legitimación pasiva, ya que, según su argumentación, en el momento de presentarse la demanda la constructora ya no tenía personalidad jurídica por haber quedado extinguida. Sin embargo, tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial no acogieron la argumentación del liquidador y condenaron a la demandada. Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó los pronunciamientos anteriores, basándose en los argumentos que a continuación se resumen:

a)   La cancelación registral no sana los posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir  (STS 25/07/2012, recurso 1570/2009).

b)   La liquidación registral de la sociedad, no conlleva su desaparición de la esfera mercantil "ex tunc" (desde entonces), pues habrá de seguir afrontando los compromisos contraídos, no pudiendo aceptarse que una rápida disolución pueda conllevar la defraudación de los legítimos intereses de sus acreedores.

c)    De la legislación societaria se deduce que, en algunos casos, la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles no concluye con la formalización de las operaciones liquidatorias, sino cuando se agotan todas sus relaciones jurídicas, debiendo, mientras, responder de las obligaciones antiguas no extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas (RDGRN 13/05/1992).

d)   La cancelación de los asientos registrales de una sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la sociedad entablara (RDGRN 27/12/1999).

e)   Al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo.

Es decir, declara el Tribunal Supremo que la liquidación formal de una sociedad no la exime del cumplimiento de sus pasivos pendientes (aun no registrados en el balance final de liquidación) o de cualquier obligación sobrevenida cuya existencia pueda declararse posteriormente. De lo contrario, bastaría con apresurarse a disolver y liquidar la sociedad, y a obtener su cancelación registral, para conseguir su “certificado de defunción” y, así, defraudar los legítimos intereses de sus acreedores (anteriores o sobrevenidos).

¿Y si el banco falla...? STS de 18 de enero de 2013 Compraventa de vivienda

25 de Abril de 2013

De todos conocida la notable reducción, de las compras de vivienda y, en particular, de las adquisiciones con financiación hipotecaria. Y aunque estas operaciones no han desaparecido de nuestro mapa, para cualquiera es ahora más difícil convencer al banco de que le preste dinero, ni siquiera garantizando la deuda con su propia casa. En el mejor de los casos, quienes convenzan al banco lo harán aceptando unas condiciones financieras bastante más duras que las imperantes hace unos pocos años.

En este escenario cobra especial interés un reciente e importante pronunciamiento del Tribunal Supremo, relativo a un caso en el que una pareja compró una vivienda en construcción, suscribiendo un contrato privado de compraventa y pagando al promotor inmobiliario una cantidad a cuenta del precio total de la futura vivienda. Como es habitual, el contrato obligaba al promotor a entregar la vivienda terminada en un plazo, dentro del cual promotor y compradores se citarían ante un notario para escriturar y culminar la operación mediante el pago del precio restante y, en su caso, la subrogación en la parte correspondiente de la financiación obtenida en su día por el promotor para afrontar el proyecto.

El promotor hizo sus deberes y emplazó a los compradores a escriturar y pagar la parte restante. Sin embargo, los compradores fracasaron en su intento de conseguir el préstamo bancario para poder pagar al vendedor o subrogarse en su deuda. Por ello, decidieron notificar al promotor su voluntad de desistir de la compra, reclamando la devolución de las cantidades ya pagadas menos una penalización del 25%.

La cuestión es si el hecho de quedarse sin financiación, aun con la que está cayendo, faculta al vendedor a exigir a la parte compradora que se le pague el precio de la vivienda hasta el último euro. Y la respuesta, en principio, parece dudosa. Tan dudosa que, en primera instancia, el Juzgado condenó a los compradores a pagar al promotor más de 200.00 euros. No obstante, en trámite de apelación, la Audiencia Provincial quitó la razón al promotor y declaró resuelta la compraventa, condenándole a devolver el 75% de las cantidades entregadas a cuenta, por considerar que la obligación de pagar el precio había devenido imposible para los compradores ante “la falta de entidad bancaria que financiara la operación”.

El promotor recurrió entonces al Tribunal Supremo que, en sentencia de 18 de enero de 2013, le devolvió la razón por no haberse previsto en el contrato la falta de financiación como causa que permitiera a los compradores salirse de la operación y, además, por entender que los compradores debieron haber previsto la posibilidad de quedarse sin financiación al momento de obligarse a pagar. Ojo, pues, al modo de comprometerse. 

Cancelación de distribución exclusiva sin indemnización

22 de Abril de 2013

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (de 2 de octubre de 2012) se refiere a la extinción de un contrato con un distribuidor de vinos en los canales de hostelería y de alimentación y las consecuencias indemnizatorias de dicha extinción.  

En el caso enjuiciado, el principal notificó a su distribuidor exclusivo, en la zona de Valencia, de determinadas referencias de vinos la resolución de sus relaciones contractuales, que no estaban formalizadas por escrito sino que eran verbales. El distribuidor demandó a su principal, solicitando una serie de cantidades econ ocasión de la extinción del contrato. En relación con el canal de alimentación, el distribuidor solicitó las indemnizaciones previstas en la Ley del Contrato de Agencia por clientela, por daños y perjuicios y por incumplimiento de exclusiva. En cuanto al canal de hostelería, el distribuidor reclamó las indemnizaciones por enriquecimiento injusto del principal (al hacerse con la supuesta clientela del distribuidor) y por falta de preaviso suficiente al comunicar la extinción de la relación contractual.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo desestimaron todas las pretensiones del distribuidor, concluyendo que en este caso no procedía indemnizarlo en modo alguno. Resumo muy brevemente los principales argumentos que apoyaron los pronunciamientos:

 1)      No cabe estimar la reclamación de las indemnizaciones previstas en la Ley del Contrato de Agencia, pues en realidad el distribuidor no actuaba como agente en el canal de alimentación. En este sentido, se entiende que no existía relación de agencia porque el distribuidor se limitaba a almacenar y repartir el vino que el principal vendía directamente a grandes superficies. Para llegar a esta conclusión se valora el hecho de que el distribuidor no pudo aportar notas de pedido de los clientes que hubiera podido captar como intermediario. Se añade que el distribuidor no creó clientela donde faltaba, ni aumentó la previamente existente y ni siquiera mantuvo esa clientela, y que las ventas se firmaban directamente por el principal con los jefes de compras de las superficies comerciales. Después el principal localizaba a su distribuidor en la zona y le pasaba el pedido.

En consecuencia, el distribuidor no podía acreditar el haber realizado tareas de promoción y cierre de operaciones por cuenta de su principal, de forma estable y continuada, que es lo que caracteriza al contrato de agencia, limitándose a actuar como depositario y distribuidor.

 Con base en lo anterior, se desestiman las reclamaciones indemnizatorias del distribuidor relativas al mercado de alimentación.

 2)      En el canal de hoestelería, el distribuidor no pretendió hacer valer la eventual existencia de un contrato de agencia. En este punto, su reclamación se basa en la falta de preaviso suficiente por parte del principal en la extinción de la relación de distribución exclusiva y en la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia a este otro tipo de relación jurídica cuando el distribuidor exclusivo hubiera aportado clientes a su principal.

 El Tribunal Supremo llega aquí a las siguientes conclusiones:

 a)      No cabe indemnizar por falta de preaviso, pues la resolución se basó en un incumplimiento del distribuidor, que infringió su obligaciones al distribuir vinos de la competencia.

 b)      La aplicación analógica de la indemnización por clientela a los contratos de distribución no debe ser automática sino que requiere que el distribuidor acredite que ha aportado clientela de un modo efectivo y que esa clientela aportada puede ser aprovechada por el principal tras la resolución del contrato. Y en este caso el distribuidor no pudo ni siquiera identificar esa supuesta clientela aportada.